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En un enérgico llamado tras un consejo de seguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, instó este lunes al Gobierno Nacional a ejecutar una operación militar «contundente y estructurada» en el municipio de Jamundí. Según la mandataria, la capacidad actual de la Fuerza Pública en la zona es insuficiente para contener el deterioro del orden público que ya afecta directamente a Cali y al resto de la región.
La mandataria fue clara al señalar el modelo que espera ver replicado: la operación realizada en el corregimiento de El Plateado, en el Cauca. Para Toro, Jamundí requiere no solo una presencia militar robusta, sino una «operación integral» que combine tecnología, logística y una inversión social que permita arrebatarle el territorio a las economías ilegales.
«Necesitamos que el Gobierno Nacional les dé las capacidades a la Fuerza Pública. No necesitamos soluciones a medias, necesitamos soluciones reales y contundentes», afirmó la gobernadora, subrayando que la administración departamental está lista para aportar recursos, pero que la estrategia de choque debe ser de carácter nacional.
La urgencia del pedido radica en las alarmantes cifras de criminalidad reportadas en las últimas semanas de abril de 2026:
Secuestros y desapariciones: Actualmente se reportan tres casos de secuestro con cinco personas en cautiverio, además de la desaparición forzada de cuatro ciudadanos que se encuentran bajo investigación.
Control territorial ilegal: La mandataria denunció la invasión de al menos siete predios, vinculados a la presión de grupos armados en la zona alta y rural.
Presencia de disidencias: La Defensoría del Pueblo ha atribuido recientemente el secuestro de jóvenes en Villa Paz y Quinamayó al Frente Jaime Martínez (Estado Mayor Central), quienes han instrumentalizado bloqueos y protestas para exigir la salida del Ejército de la región.
A pesar del tono bélico de la solicitud, Toro insistió en que la recuperación del sur del Valle debe ser sostenible. Propuso una estrategia de sustitución de cultivos que incluye la siembra de 200 hectáreas de proyectos productivos legales para los campesinos de la zona alta. «Si se necesitó hacer aspersión, hagamos aspersión, pero la prioridad es devolverle la tranquilidad al municipio» puntualizó, refiriéndose a la erradicación de cultivos de uso ilícito.
El llamado de la Gobernadora se produce en un contexto de máxima tensión. Mientras la tecnología de videovigilancia con inteligencia artificial instalada en marzo ha ayudado a reducir el hurto en el casco urbano, la zona rural de Jamundí sigue siendo un «punto ciego» donde los grupos ilegales imponen su ley.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha confirmado si se movilizarán tropas adicionales o si se iniciará una ofensiva de gran escala como la solicitada desde el Palacio de San Francisco. Lo que es evidente es que, para Dilian Francisca Toro, el tiempo de los diagnósticos se acabó: «La situación de Jamundí ya no da más espera».
