Petro amenaza con la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplan sus órdenes para reducir el impuesto predial
El presidente Gustavo Petro endureció su discurso contra alcaldes y gobernadores por el aumento del impuesto predial y advirtió que, si es necesario, “se llevarán presos” a quienes no actúen para bajar las tarifas y aliviar a los campesinos.Durante un consejo de ministros, el mandatario afirmó: “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”. Además, señaló que hablará con el procurador general, Gregorio Eljach, para que suspenda de inmediato a quienes no cumplan.Horas antes, a través de su cuenta de X, Petro había sido aún más directo: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”. El presidente exigió que los mandatarios locales presenten acuerdos para reducir las tasas del predial, especialmente para la población pobre y trabajadora, y condicionó el levantamiento de los bloqueos viales a estas medidas.Contexto de la crisisLa advertencia surge en medio del paro campesino que ya completa varios días en regiones como Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde los productores rurales protestan por los fuertes incrementos en los avalúos catastrales aprobados por el IGAC, que han disparado el impuesto predial en algunos casos de manera desproporcionada.Petro insistió en que el recaudo del predial va directamente a los municipios y que corresponde a alcaldes y concejos ajustar las tarifas según la capacidad económica de los contribuyentes.ReaccionesLa declaración generó inmediato rechazo. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y varios mandatarios locales recordaron que la Constitución no le otorga al presidente la facultad de destituir directamente a alcaldes ni gobernadores, y advirtieron sobre un posible exceso en el ejercicio del poder central frente a la autonomía territorial.Sectores de oposición calificaron las palabras de Petro como una amenaza inconstitucional y un intento de presionar políticamente a las autoridades locales.Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado mecanismos concretos para las posibles sanciones, mientras los bloqueos continúan afectando el suministro de alimentos en varias zonas del país.La polémica suma tensión a la relación entre el Ejecutivo y los entes territoriales en plena coyuntura de protestas por el avalúo catastral.
