El reloj marcaba las 12:00 de la noche del pasado 8 de noviembre de 2025, y con el último minuto antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se desvaneció —al menos temporalmente— una de las promesas de campaña más repetidas para el suroccidente colombiano. El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no firmar el convenio de cofinanciación del 70% que le correspondía a la Nación, dejando al Tren de Cercanías del Valle del Cauca en un limbo técnico y financiero que ha encendido las alarmas en toda la región.

El proyecto, considerado el eje de la transformación urbana y la sostenibilidad del departamento, contaba con el cumplimiento riguroso de todos los requisitos técnicos y legales exigidos por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, el aval definitivo nunca llegó, provocando una fractura evidente entre el centralismo bogotano y el liderazgo del Valle.

Una región que cumplió con la tarea

La frustración de las autoridades locales es palpable. El tramo priorizado, una extensión de 23.14 kilómetros diseñada para conectar de forma ágil y limpia a Cali con Jamundí, tenía los recursos locales listos y las vigencias futuras aseguradas por parte de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

«Con tristeza y decepción, debemos anunciar a los vallecaucanos que el Gobierno nacional ha querido frenar el Tren de Cercanías. Este no es un proyecto de una sola persona, de Alejandro Eder, de Dilian o de un partido político. Es un sueño colectivo», manifestó de forma tajante la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, no dudó en calificar la omisión del Ejecutivo como «una especie de castigo» centralista hacia una región que ha apostado por la institucionalidad y el progreso técnico. La molestia no es para menos: el Tren de Cercanías contempla en su totalidad más de 74 kilómetros de red férrea para interconectar de forma eficiente a Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira y el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Las cifras del bloqueo

El impacto de la falta de firma estatal se traduce en parálisis temporal y el retraso de una megaobra de infraestructura clave para la competitividad regional:

La fecha del 8 de noviembre de 2025 era un límite estricto. Al entrar en vigor la Ley de Garantías, las restricciones legales impiden la firma de convenios interadministrativos de esta escala, lo que congela el aporte estatal y obliga al proyecto a esperar un nuevo ciclo político o una reingeniería jurídica de alta complejidad.

El «Plan B»: El Valle no se rinde

A pesar del portazo de la Casa Nariño, el bloque regional —compuesto por los gremios, el sector privado, la academia y los mandatarios locales— ha cerrado filas para evitar que el Tren de Cercanías se convierta en otro elefante blanco de la burocracia central.

Las alternativas ya están sobre la mesa. La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali iniciaron gestiones directas con la banca multilateral (como el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF) e inversionistas internacionales para estructurar un modelo de financiación alternativo que dependa en menor medida del presupuesto nacional.

El Tren de Cercanías no es un capricho de movilidad; es una necesidad ambiental, económica y social para mitigar el colapso vial de los accesos a Cali. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro le haya quitado el cuerpo al proyecto antes de la medianoche del colapso contractual, el Valle del Cauca parece decidido a demostrar que las vías del progreso regional pueden avanzar con o sin el beneplácito de Bogotá.

Para profundizar en los detalles técnicos de esta situación, puedes ver la entrevista de la Gobernadora del Valle analizando el plan alternativo para el tren de cercanías, donde explica las vías financieras que explora la región frente al bloqueo presupuestal. En este material audiovisual se abordan las alternativas financieras internacionales con la banca multilateral para no detener la ejecución del megaproyecto férreo.