El compadre de Gustavo Petro que hoy factura por punta y punta con el apoyo del gobierno
Danilo Romero Gómez, amigo cercano del presidente Gustavo Petro desde hace más de dos décadas y padrino de su hija menor, Antonella, se encuentra en el centro de una nueva controversia que une vínculos personales, negocios petroleros transfronterizos y contratos estatales en Colombia.Según investigaciones periodísticas publicadas en febrero de 2026 por medios como La Silla Vacía, Armando.info, El Tiempo e Infobae, Romero participó como fundador de la empresa Colven Business & Corp, constituida en Bogotá en octubre de 2022 —apenas dos meses después de la posesión de Petro como mandatario—. Esta compañía obtuvo en 2025 dos Contratos de Participación Productiva (CPP) adjudicados por la entonces ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez (hoy presidenta encargada), para la explotación y comercialización de crudo en los estados de Barinas y Apure.Estos enclaves, ubicados en la cuenca Barinas-Apure cerca de la frontera con Arauca (Colombia), concentran reservas probadas estimadas en más de 1.114 millones de barriles, una cifra que supera la mitad de las reservas totales de hidrocarburos de Colombia. Los acuerdos, bajo una modalidad que otorga amplios beneficios a los privados a cambio de inversiones en la industria, han generado cuestionamientos sobre posibles influencias políticas y esquemas opacos en la asignación de bloques petroleros por parte del gobierno venezolano.Romero, quien ha negado irregularidades y afirma haberse retirado de la sociedad en octubre de 2024, mantiene una relación de larga data con la familia presidencial: además del padrinazgo cruzado (Petro y Verónica Alcocer son padrinos de uno de sus hijos), financió el viaje de celebración electoral del mandatario a Florencia, Italia, tras la victoria de 2022.El entramado se extiende al ámbito colombiano a través de su esposa, Ingrid Carolina Plata Navas, descrita como la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer. Desde agosto de 2022, Plata ha suscrito tres convenios de prestación de servicios con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por un valor total de $719.321.778 pesos. Estos contratos, destinados a apoyo en protocolo, logística y organización de eventos oficiales, promedian entre $20 y $22 millones mensuales durante el periodo, con el más reciente firmado en diciembre de 2025 por más de $166 millones y aún vigente.El Dapre defendió la contratación como una «necesidad institucional histórica» para centralizar funciones protocolarias en una sola persona, argumentando eficiencia administrativa y recordando que en gobiernos anteriores se requerían múltiples contratistas para tareas similares.Hasta el momento, no existen condenas judiciales ni pruebas concluyentes de delitos en estos casos. Sin embargo, las revelaciones han avivado el debate público sobre posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y la transparencia en los negocios energéticos entre Colombia y Venezuela, en un contexto de acercamiento diplomático entre ambos gobiernos. Tanto Romero como fuentes cercanas al Ejecutivo han rechazado cualquier irregularidad, insistiendo en que se trata de actividades empresariales legítimas. El escrutinio, no obstante, pone nuevamente bajo la lupa las redes de poder en el entorno presidencial.
