Gobierno de Gustavo Petro declara emergencia económica para cubrir déficit presupuestal
El presidente Gustavo Petro decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia, una medida excepcional que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis fiscal agravada por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. El objetivo principal es recaudar alrededor de 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.El decreto, firmado por el presidente y todos sus ministros el pasado 19 de diciembre, responde al rechazo de las comisiones económicas del Congreso a la ley de financiamiento, que buscaba obtener recursos adicionales mediante impuestos. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta negativa dejó un hueco significativo en las finanzas públicas, agravado por factores como la insostenibilidad de la deuda pública, el aumento en la unidad de pago por capitación (UPC) en salud ordenado por la Corte Constitucional y la necesidad de recursos para seguridad y subsidios energéticos.Petro defendió la medida en redes sociales, argumentando que la deuda neta del Gobierno disminuye como porcentaje del PIB este año, pero que las altas tasas de interés del Banco de la República y el déficit primario heredado de administraciones anteriores hacen insostenible la situación. «Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica», afirmó el mandatario, quien advirtió que, si la Corte Constitucional tumba el decreto, se profundizaría una crisis económica grave con aumento en la tasa de riesgo país.Entre las medidas contempladas en borradores filtrados se incluyen:
Aumento del gravamen a los movimientos financieros (4×1000) del 0,4% al 0,5%.
Ampliación del impuesto al patrimonio para fortunas superiores a 2.000 millones de pesos, con tarifas hasta el 5%.
Nuevo impuesto del 1% a la extracción, venta y exportación de petróleo crudo y carbón para grandes empresas.
Ajustes en impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar en línea.
La declaratoria ha generado fuerte polémica. Gremios como la ANDI y Fenalco criticaron la medida como «inconstitucional» y «desleal», argumentando que no hay hechos sobrevinientes que justifiquen la emergencia y que aprovecha la vacancia judicial (el receso de la Corte hasta enero). Ya se radicaron demandas ante la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional, y opositores como Claudia López y Bruce Mac Master la calificaron de «jugadita» para imponer impuestos sin debate legislativo.Antecedentes similares no favorecen al Gobierno: la Corte ha tumbado emergencias previas de Petro, como las de La Guajira (2023) y Catatumbo, por considerarlas intentos de resolver problemas estructurales sin urgencia real.La Corte Constitucional evalúa si convoca sesión extraordinaria para revisar el decreto, mientras el país enfrenta incertidumbre fiscal en un contexto de año preelectoral. Fuentes oficiales indican que las medidas tributarias detalladas se publicarán en los próximos días.
