Fiscalía pidió imputación y cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd
La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo este miércoles en la macroinvestigación por el desfalco millonario en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves.El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, liderado por la fiscal María Cristina Patiño, considera suficientes las pruebas recopiladas para vincular a ambos exfuncionarios en graves delitos contra la administración pública, entre ellos concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho para dar u ofrecer dádivas. La solicitud busca audiencias inmediatas para formalizar los cargos y, de ser aprobada, ordenar la detención preventiva de Bonilla y Velasco en un centro carcelario, ante el riesgo de obstrucción a la justicia y reiteración delictiva.El escándalo en la UNGRD, que involucra un presunto desfalco de miles de millones de pesos destinados a mitigar desastres naturales –como la ola invernal de 2023–, ha salpicado ya a seis altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según las investigaciones, Bonilla y Velasco habrían participado en un entramado para direccionar contratos a cambio de favores políticos, incluyendo el apoyo de congresistas para aprobar cupos indicativos de endeudamiento externo.Entre las pruebas clave figura la declaración juramentada de la exasesora legislativa de Bonilla, María Alejandra Benavides, quien recibió un principio de oportunidad por colaborar con la justicia. Benavides relató que el exministro la presionó para autorizar desembolsos irregulares hacia la UNGRD, por un valor aproximado de 92.000 millones de pesos, destinados a proyectos en municipios como Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Estos fondos, según la Fiscalía, buscaban beneficiar a seis congresistas de las comisiones económicas del Congreso a cambio de su respaldo a créditos internacionales del Gobierno Nacional.Este desarrollo representa un golpe significativo para el Gobierno Petro, ya que eleva a seis el número de exfuncionarios procesados en el caso UNGRD, incluyendo a exdirectores de la entidad y asesores cercanos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha enfatizado que la investigación continúa abierta y podría extenderse a otros niveles jerárquicos, en busca de esclarecer quiénes dieron las órdenes iniciales para estas irregularidades.
