Aunque Colombia ha avanzado en la inclusión de las mujeres en los espacios de poder, la misoginia sigue siendo una de las principales barreras para su plena participación política. Detrás de cada logro femenino en la esfera pública, persisten discursos y prácticas que buscan deslegitimar su liderazgo, silenciar sus voces o someterlas a un escrutinio más severo que el aplicado a los hombres.

La misoginia política se manifiesta de múltiples formas: desde los ataques personales y los comentarios sexistas en los debates públicos, hasta la violencia simbólica y digital que enfrentan las mujeres candidatas y funcionarias. En redes sociales, por ejemplo, las críticas hacia las políticas suelen centrarse en su apariencia o en su vida privada, más que en sus ideas o propuestas.

Según organizaciones como ONU Mujeres y la Misión de Observación Electoral (MOE), las mujeres que participan en política en Colombia son víctimas frecuentes de acoso, amenazas e intimidaciones, tanto por su género como por su posición ideológica. Estos actos no solo afectan su seguridad, sino que también desalientan a otras mujeres a involucrarse en procesos electorales.

Pese a los avances normativos —como la Ley de Cuotas y la reciente paridad en las listas electorales— la cultura política colombiana continúa reproduciendo estereotipos machistas. La misoginia no siempre se expresa abiertamente, pero se cuela en las estructuras de poder, en los partidos y en los medios de comunicación.

Superar esta realidad implica más que garantizar cupos o candidaturas: requiere transformar la manera en que el país percibe el liderazgo femenino, promover la educación con enfoque de género y sancionar de forma efectiva las expresiones de violencia política contra las mujeres.

Solo así será posible construir una democracia verdaderamente inclusiva, donde la participación de las mujeres no sea un acto de resistencia, sino un derecho plenamente reconocido y respetado.