La Corte Suprema de Justicia ordenó prisión para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, por el caso UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ordenó prisión preventiva para los congresistas reelectos Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (curul de paz), en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con el voto decisivo de conjueces, acusó formalmente a ambos legisladores —junto a otros cuatro congresistas y un exparlamentario— por el delito de cohecho impropio. Según la investigación, los implicados habrían recibido dádivas o beneficios a cambio de respaldar decisiones en la Comisión de Crédito Público y facilitar contratos millonarios en la entidad, desviando recursos destinados a emergencias y desastres para fines políticos.La medida de aseguramiento en centro carcelario se adoptó el 11 de marzo de 2026, apenas días después de que Manzur y Manrique resultaran reelegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo. Mientras otros acusados seguirán el proceso en libertad, la Corte consideró necesario privarlos de la libertad para garantizar su comparecencia y evitar obstrucción a la justicia.El caso UNGRD, uno de los más graves en la política colombiana reciente, ha implicado desvíos de fondos públicos en contratos irregulares —como los relacionados con el suministro de agua en La Guajira— y ha salpicado a exfuncionarios del gobierno Petro, revelando un presunto entramado de clientelismo y corrupción en la gestión de recursos de emergencia.Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de deterioro en la percepción de la corrupción: según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 (puesto 99 de 182 países), dos puntos menos que en 2024 y por debajo del promedio regional de las Américas (42 puntos). El retroceso evidencia que, pese a capturas de alto perfil, persisten fallas estructurales en transparencia, independencia institucional y combate al clientelismo político.La decisión de la Corte Suprema envía un mensaje de que la justicia no se detiene ante reelecciones, pero también plantea interrogantes sobre la profundidad real de la lucha anticorrupción en el país: ¿se trata de avances puntuales o de un cambio sistémico pendiente? El proceso apenas comienza, y podría extenderse a más implicados en los próximos meses.
