Paloma Valencia desmonta el “regalo generoso” de Petro: el bono de $230.000 no es nuevo ni sale del bolsillo del Gobierno
El Gobierno Nacional ha presentado el incremento del subsidio a $230.000 mensuales para adultos mayores como una conquista exclusiva de la administración Petro, un “regalo generoso” del presidente y parte de la promesa de “dignificar la vejez” a través del Pilar Solidario de la reforma pensional. Sin embargo, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) ha insistido en que esta narrativa es engañosa: el programa no es una creación reciente, ni los recursos provienen de un milagro fiscal o del bolsillo personal del mandatario.En múltiples intervenciones en plenarias, debates televisivos y redes sociales, Valencia ha recordado que el subsidio en cuestión es el programa Colombia Mayor, instituido desde la Ley 100 de 1993 y que ha operado de forma ininterrumpida en todos los gobiernos posteriores. Durante la presidencia de Iván Duque, el esquema ya beneficiaba a más de 1,6 millones de personas (algunas fuentes oficiales lo elevaron a 1,7 millones hacia el final del mandato), con montos que variaban entre $80.000 y $225.000 según la edad del adulto mayor.Lo que ha cambiado en el actual Gobierno es, principalmente, dos aspectos:
El aumento del monto base a $230.000 para la gran mayoría de los beneficiarios.
Una expansión acelerada de la cobertura, que ha llevado el número de personas inscritas a cerca de 3 millones en el marco del Pilar Solidario.
Esta ampliación se ha financiado con recursos del presupuesto general de la nación y de Prosperidad Social, no con una fuente nueva o exclusiva de la reforma pensional. La senadora ha enfatizado que “Colombia Mayor existe desde hace más de 30 años” y que su continuidad no depende de la aprobación o rechazo de la reforma pensional, como algunos sectores oficialistas han sugerido al vincular ambos temas.Valencia ha advertido, además, que el discurso de “dignificar la vejez” oculta un costo real: parte del financiamiento del Pilar Solidario —cuyo gasto anual ronda los 9 billones de pesos— podría provenir de mecanismos que terminan afectando indirectamente el ahorro pensional de los trabajadores que hoy cotizan al sistema contributivo. “No es plata que sale mágicamente; es plata que se traslada de un lado a otro del presupuesto, y eso tiene consecuencias para las generaciones que están trabajando ahora”, ha señalado en varias ocasiones.El Gobierno, por su parte, defiende que el aumento y la ampliación representan un avance histórico en equidad, al llevar el subsidio por encima de la línea de pobreza extrema para millones de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, y que los recursos se obtienen de manera sostenible sin tocar los ahorros individuales de los fondos privados ni de Colpensiones.El contraste entre ambas posturas alimenta el debate político en vísperas de las elecciones legislativas, donde la reforma pensional y las políticas sociales siguen siendo ejes centrales de la confrontación. Mientras el oficialismo celebra la medida como un logro tangible, la oposición —encabezada por figuras como Paloma Valencia— insiste en que se trata de una continuidad ampliada de un programa preexistente, cuya financiación merece mayor transparencia y no puede presentarse como un obsequio personal del presidente.
