Nueva EPS enfrenta embargos judiciales por más de $2 billones y alerta sobre riesgo en la atención de millones de afiliados
La Nueva EPS, la entidad promotora de salud (EPS) más grande de Colombia con más de 11,7 millones de afiliados, enfrenta una grave crisis financiera que amenaza directamente la continuidad de la atención médica para millones de personas. Según un comunicado oficial emitido por la entidad el 20 de enero de 2026, embargos judiciales por más de $2,1 billones (equivalentes aproximadamente a la operación mensual completa) mantienen bloqueados recursos esenciales, comprometiendo el flujo de caja y la prestación de servicios.Detalles de los embargos judicialesLos embargos, ordenados por cuatro juzgados en diferentes regiones del país, se concentran principalmente en cuentas y recursos destinados a pagos a prestadores de servicios de salud (IPS). Nueva EPS indica que alrededor del 80% de estos embargos provienen de demandas presentadas por instituciones prestadoras privadas de gran envergadura, muchas de ellas involucradas en procesos derivados de la intervención forzosa de la EPS.La entidad subraya que estos embargos violan normativas vigentes, como el artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 1438 de 2011 y la Ley 715 de 2001, que establecen la inembargabilidad de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinados exclusivamente a la atención en salud. A pesar de ello, las medidas judiciales persisten y han escalado progresivamente: en noviembre de 2025, el monto embargado pasó de $422.000 millones a $887.000 millones, y ha continuado creciendo hasta superar los $2,1 billones en enero de 2026.Impacto en la atención a los afiliadosNueva EPS alerta que la situación pone en riesgo directo la operación total de la entidad y, por ende, la atención de sus 11,7 millones de usuarios en todo el territorio nacional. Entre los efectos inmediatos se destacan:
Dificultades en el pago oportuno a prestadores, lo que genera desabastecimiento de medicamentos y suspensiones de servicios en IPS.
Interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales, especialmente para pacientes crónicos, de alto costo o con enfermedades huérfanas.
Casos concretos, como el embargo de $60.000 millones acordados el 19 de enero de 2026 para transferir a Colsubsidio (gestor farmacéutico), impidiendo la dispensación de medicamentos.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó durante una sesión del Consejo de Ministros que estos embargos afectan el flujo financiero del sistema de salud y vulneran el derecho fundamental a la vida y a la salud de los pacientes. El Gobierno ha advertido que las medidas judiciales impactan directamente el pago de insumos esenciales y ha cuestionado posibles irregularidades en su origen.Contexto de la crisis en Nueva EPSEsta situación se suma a una crisis estructural que arrastra la EPS desde antes de su intervención por el Gobierno nacional en 2024. La entidad ha enfrentado:
Deudas históricas acumuladas (reportes de la Contraloría indican subestimaciones en reservas técnicas por $11,1 billones al cierre de 2024 y anticipos pendientes que crecieron significativamente).
Cierres temporales o definitivos de servicios por parte de múltiples IPS y gestores farmacéuticos (como Éticos o Colsubsidio en regiones como el Atlántico).
Quejas masivas por demoras en autorizaciones, tutelas incumplidas y falta de medicamentos.
Intervención con múltiples agentes especiales y mesas de conciliación con prestadores para intentar sanear la cartera.
A pesar de giros anunciados por más de $1,5 billones desde la ADRES para pagos en enero de 2026, parte de estos recursos también ha sido afectada por embargos previos.Respuestas y perspectivasNueva EPS ha notificado la situación a las autoridades de control (Superintendencia de Salud, Procuraduría, Contraloría) y ha iniciado acciones jurídicas para levantar o mitigar los embargos, además de buscar acercamientos directos con los jueces. La entidad insiste en que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio y ha solicitado intervención urgente de los organismos competentes.Mientras tanto, prestadores, usuarios y entes de control exigen planes de contingencia inmediatos. La crisis resalta tensiones en el sistema de salud colombiano, donde decisiones judiciales, deudas históricas y limitaciones financieras convergen en un escenario de alto riesgo para millones de colombianos que dependen de Nueva EPS para su atención médica.La situación evoluciona rápidamente, y cualquier avance en las negociaciones o levantamiento de embargos será clave para evitar un colapso mayor en la prestación de servicios de salud.
