Para enfrentar lo que califican como un abuso de poder, los mandatarios diseñaron una estrategia jurídica y administrativa de tres frentes que busca bloquear la aplicación del decreto. El primer paso es una “tutelatón” masiva. Cada gobernador interpondrá una acción de tutela argumentando que la redistribución de recursos planteada por el Ejecutivo.
El segundo frente, y quizás el más desafiante para la estabilidad institucional del país, es el camino de la “no aplicabilidad”. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia y el respaldo de departamentos como Valle, Meta y Tolima, los mandatarios evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura jurídica les permitiría ignorar el decreto en sus territorios hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo. El foco de esta resistencia está en el recaudo de impuestos al consumo, específicamente en productos como licores y cigarrillos, que son la columna vertebral de los ingresos propios de las gobernaciones.
