El resurgir de un caso emblemático del paramilitarismoEl proceso judicial contra Santiago Uribe Vélez se remonta a los años 90, cuando el grupo autodenominado «Autodefensas del Norte Lechero» –conocido popularmente como «Los 12 Apóstoles»– operaba en municipios como Yarumal, Campamento y Valdivia. Integrado por ganaderos, empresarios, policías y hasta un sacerdote, el bloque paramilitar se dedicaba a la «limpieza social» y acciones antisubversivas, selectivamente eliminando a personas consideradas «indeseables» o aliadas de guerrillas como las FARC y el ELN.Entre las víctimas figuran nombres como Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas y Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus asesinado en 1994 tras ser señalado como colaborador guerrillero. El homicidio de Barrientos es el eje central de la imputación contra Uribe, a quien se le acusa de recabar información sobre la víctima, compartirla con colaboradores y expresar explícitamente su intención de ordenar su muerte. Muchas de estas operaciones se planificaban en la finca La Carolina, propiedad del acusado, que servía como centro de reuniones, entrenamiento armado y lanzamiento de incursiones violentas.El pico de actividad del grupo coincidió con la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia (1995-1997), periodo en el que se implementó una controvertida política de «convivencia» que, según la Fiscalía, facilitó el exterminio selectivo. En primera instancia, el 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Uribe Vélez, pero la apelación de la Fiscalía llevó el caso a segunda instancia, donde el tribunal halló «certeza racional» en las pruebas presentadas, incluyendo testimonios de exparamilitares y documentos que vinculan directamente al ganadero con la dirección del bloque.