Luego de la controversia que provocaron las órdenes de captura contra la fiscal General en Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, por decisión de un tribunal en Guatemala, el propio Gobierno del país centroamericano rechazó esa decisión que se conoció el lunes 2 de junio.

A través de un comunicado que publicaron en la noche señalaron que la decisión de Sala Tercera de Apelaciones carecía de “sustento legal” y se trataba de una trama corrupta por parte de su Ministerio Público.

“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización delas Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, aseveraron de entrada.

Además sostuvieron que se trata de un entramado para encubrir los hechos de corrupción que investigaron en su momento los dos servidores públicos colombianos y que relacionaban a exfuncionarios de alto nivel en el país centroamericano con la constructora brasileña Odebrecht.

“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”, afirmaron.

Finalmente indicaron que ya estaban en contacto con el Gobierno colombiano para iniciar los respectivos procesos contra las mencionadas decisiones judiciales.

“Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la Nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluyeron.

Tan pronto se supo de la determinación judicial en Guatemala, de inmediato tanto políticos allegados a la administración del presidente, Gustavo Petro, como de la oposición opinaron de los señalados procesos viciados contra los dos importante servidores públicos.

El primero de ellos fue el mismo exministro de Defensa, que recordó que la Justicia del país centroamericano estaba cooptado por los corruptos.

“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.