En la antesala de la jornada de paro convocada para este miércoles por el Gobierno Nacional, ayer el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió con una tesis para revivir la fallida consulta popular y desconocer su hundimiento el pasado 14 de mayo. El salvavidas no solo promete atizar los ánimos entre el Elíptico y la Casa de Nariño, sino que abre un nuevo frente de batalla alrededor de la institucionalidad y la división de poderes en el país.

El argumento del ministro es que hubo un error de procedimiento y el Senado no se ha pronunciado formalmente sobre la consulta. Por ello, advirtió desde ya que si no hay una determinación explícita alrededor del mecanismo antes del 1 de junio –es decir, pasado un mes de su radicación–, el presidente Gustavo Petro la convocará por decreto.

Según Benedetti, la ley indica que, previo a la votación, era necesario leer una proposición con la solicitud del Gobierno. Citando la Ley Quinta –que regula el proceder del Congreso–, insistió en que dicha proposición no se leyó, lo que implica que el Senado supuestamente no se pronunció.

“La Ley Quinta, en el artículo 125, dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y debe haber una proposición para saber qué se votó. No se leyó la proposición. Luego el Senado no se pronunció. ¿Qué fue lo que se votó? No sabemos. Lo he consultado con varios expertos y tengo la razón en decir hoy que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace de acá al 1 de junio, el presidente va a convocar la consulta popular”.

Semejante declaración, con dejo de amenaza, encendió las alertas. Uno de los primeros en responder fue justamente el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien sostuvo que una consulta popular por decreto implicaría desconocer la decisión de la Corporación, al tiempo que ratificó que la votación fue “legal y válida”.

“Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial. No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”, declaró con vehemencia Cepeda.